Nos tenían amarradas a mi hermana y a mí a un árbol”. “Me taparon la boca con un trapo y me amarraron los brazos a la espalda”. “Me detuvieron y me encerraron en una jaula que tenían en el pueblo, durante dos días, con las manos atrás y amarrada a las varillas”. “Traté de gritar y me dijo que si gritaba me pegaba un tiro”. “Yo no volví a mirar a mi hijo. La verdad es que no lo quería porque fue producto de lo que me hizo esa gente”.
Testimonios como estos le permitieron al Tribunal de Justicia y Paz reconstruir uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano: la violencia sexual utilizada por los paramilitares del Bloque Central Bolívar contra mujeres de al menos cinco departamentos del país.
En una sentencia de 1.921 páginas contra los principales jefes de ese bloque, desmovilizado hace una década como parte del proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, los magistrados documentaron violaciones, abusos y tratos degradantes con los que, aseguran, las autodefensas lograron intimidar a comunidades enteras.Los hechos ocurrieron entre el 2000 y el 2006 en Santander, Putumayo, Bolívar, Caquetá y Nariño. Y una de las revelaciones del trascendental fallo es que, aunque estaban en pleno proceso de paz y de que supuestamente habían entrado en cese de fuegos y hostilidades desde el 2003, de los patrones de violencia basada en género, el Tribunal de Justicia y Paz concluye que las mujeres fueron un “botín de guerra”. Sin tener la posibilidad de denunciar, porque en muchas de las regiones hubo connivencia con autoridades civiles, policiales y militares, las víctimas eran blanco de ataques indiscriminados.
Testimonios como estos le permitieron al Tribunal de Justicia y Paz reconstruir uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano: la violencia sexual utilizada por los paramilitares del Bloque Central Bolívar contra mujeres de al menos cinco departamentos del país.
En una sentencia de 1.921 páginas contra los principales jefes de ese bloque, desmovilizado hace una década como parte del proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, los magistrados documentaron violaciones, abusos y tratos degradantes con los que, aseguran, las autodefensas lograron intimidar a comunidades enteras.Los hechos ocurrieron entre el 2000 y el 2006 en Santander, Putumayo, Bolívar, Caquetá y Nariño. Y una de las revelaciones del trascendental fallo es que, aunque estaban en pleno proceso de paz y de que supuestamente habían entrado en cese de fuegos y hostilidades desde el 2003, de los patrones de violencia basada en género, el Tribunal de Justicia y Paz concluye que las mujeres fueron un “botín de guerra”. Sin tener la posibilidad de denunciar, porque en muchas de las regiones hubo connivencia con autoridades civiles, policiales y militares, las víctimas eran blanco de ataques indiscriminados.
Eso pasaba en retenes ilegales “donde separaban a las mujeres de los hombres y aprovechaban para violarlas”. También era práctica usual que los paramilitares ingresaran violentamente a las viviendas o fincas, y justificaban su actuar diciendo que las mujeres atacadas eran auxiliadoras de la guerrilla. En algunos caseríos, los jefes de los grupos ilegales se convirtieron en los controladores del comportamiento femenino: “Se impartían directrices orientadas a aleccionar, creando vergüenza y humillación, como barrer las calles, cortarles el cabello e imponerles horarios”......La historia de una mujer del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar), es similar. En octubre del 2004 se encontraba junto con sus hijos cuando tres paramilitares del Bloque Libertadores del Río Magdalena irrumpieron en su rancho. La señalaban de “ayudar al enemigo” y la dejaron inconsciente por los golpes que le dieron. Cuando despertó se dio cuenta de que habían abusado de ella. “Tiempo después –se lee en la sentencia–, cuando fue al hospital para que revisaran a su hija, afectada por el glifosfato, le hicieron un examen médico y le informaron que era portadora del VIH”.
De los vejámenes no se salvaban ni las embarazadas. “Se viene con nosotros o matamos a sus hijos”, le dijeron a una mujer de 26 años el 15 de noviembre del 2002, en Orito, dos criminales del Bloque Sur del Putumayo, también perteneciente al BCB. Lo que sucedió luego lo reconstruyó así la justicia: “Se la llevaron a una casa habitada por paramilitares y la encerraron en un cuarto oscuro, en el que había una cama. Uno de los hombres la obligó a que se quitara la ropa y la violó. Luego de eso, la dejó encerrada con la boca tapada y las manos atadas. Unas horas después entró el otro paramilitar, le rasgó la ropa y la sometió a abuso”. Al día siguiente fue abandonada a la orilla del río. Ella, que entonces tenía cinco meses de embarazo, perdió a su bebé.
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